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Acceso a
archivos y registros
Los archivos y registros son una parte importante del proceso de
documentación en el periodismo de investigación. Estos archivos, tanto los
oficiales (públicos) como los personales son uno de los elementos más
importantes para realizar la investigación ya que el hombre desde que nace,
como persona, va dejando una serie de papeles como rastro. La dificultad
principal estriba en localizar esos datos y como tener acceso a él sin cometer
ningún acto ilícito, esto conlleva un amplio conocimiento legal.
En EE.UU, esta fase de documentación del periodista ha pasado a ser muy
sencilla pero en España esto no es así, y aunque el acceso no esa fácil es
necesario saber en que lugar se guarda la información en concreto para intentar
el acceso si fuera necesario. El acceso a archivos y registros está regulado
por la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de 1992, que
establece el derecho de acceso pero con numerosas restricciones y limitaciones y
que dice que están legitimados para acceder a los archivos públicos los
ciudadanos en general, pero se exige que los expedientes que se consultan hagan
referencia a expedientes terminados. El procedimiento para acceder consiste en
una petición individualizada sobre los documentos que se desean consultar, sin
embargo no se permite hacer una petición sobre una materia genérica. La
administración puede denegar los accesos en los siguientes casos:
1.
si los documentos contienen datos referentes a la intimidad de las
personas.
2.
si los documentos incluyen el nombre de personas solo estas podrán
acceder, o bien terceras personas que acrediten un interés legítimo y directo.
3.
los periodistas siempre y cuando se cumpla el principio de derecho a la
intimidad.
4.
si los documentos contienen información sobre actos de los gobierno
central y autonómico.
5.
si contienen información sobre defensa nacional o seguridad del estado.
6.
si puede poner en peligro la protección de los derechos y libertades de
terceras personas en caso de investigación de delitos.
7.
si hacen referencia a actuaciones administrativas derivadas de la política
monetaria.
Con estos supuestos, el periodista investigador no tiene más remedio que
acudir a una fuente amiga ubicada en el centro de interés.
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